El 24 de marzo de 1976 se produjo en Argentina un golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Esta fecha, a cincuenta años de aquel acontecimiento, constituye un momento de reflexión colectiva sobre uno de los períodos más oscuros de la historia reciente del país.
El régimen instaurado se caracterizó por la implementación sistemática del terrorismo de Estado: un conjunto de prácticas ilegales ejercidas desde el propio aparato estatal, orientadas a la persecución, secuestro, tortura, desaparición y asesinato de miles de personas. Estas acciones vulneraron masivamente los derechos humanos, anularon garantías constitucionales y suprimieron libertades fundamentales.
Las víctimas incluyeron militantes políticos, sindicales, estudiantiles, trabajadores, profesionales y ciudadanos en general. La desaparición forzada de personas se constituyó en una de las formas más extremas de violencia institucional, cuyas consecuencias aún perduran en la sociedad.
En el plano económico, la dictadura impulsó un modelo de acumulación basado en la valorización financiera. Se promovieron políticas deliberadas de desindustrialización, fragmentación de la clase obrera y reprimarización de la economía, favoreciendo las actividades financieras y especulativas.
A lo largo de estas cinco décadas, la construcción de memoria, verdad y justicia ha sido un proceso central en la vida democrática argentina. La labor de organismos de derechos humanos, junto con el accionar del Estado en distintas etapas, permitió el juzgamiento de responsables y la visibilización de los crímenes cometidos.
Conmemorar este día no implica solo recordar el pasado, sino también reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una sociedad basada en el respeto, la justicia y la dignidad.